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Ramona Vargas, representante de los cañicultores, valoró la firma del decreto reglamentario de la Ley de Etanol y destacó su impacto en más de 250.000 familias que dependen del sector, así como su potencial para dinamizar la economía rural y generar condiciones más justas para la producción.
El presidente de la República, Santiago Peña, acompañado del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, firmó este viernes el decreto reglamentario de la nueva Ley de Etanol en la ciudad de Mbokajaty, departamento de Guairá, en un acto que reunió a autoridades nacionales y productores del sector cañero.
En representación de los cañicultores, Ramona Vargas expresó que la medida marca un antes y un después para el sector, al establecer reglas claras y garantizar un mercado para el alcohol de caña. Señaló que este avance permite sostener a miles de familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad, considerada una de las principales fuentes de ingreso en varias comunidades rurales.
Destacó que el cultivo de la caña de azúcar trasciende lo productivo, al constituir una tradición heredada de generaciones y un motor económico clave para numerosos distritos del país. En ese sentido, subrayó que la reglamentación contribuirá a dinamizar la economía rural, generar empleo y fortalecer un rubro que, pese a las dificultades, continúa vigente.
“Con este proceso, hoy se da paso a un Paraguay más justo, donde el desarrollo no se concentra en la ciudad, sino se distribuye, y el progreso también llega al campo. Esto va a permitir dinamizar la economía rural y generar más puesto de trabajo en el sector, recuperando así al único cultivo de renta que sigue vigente en nuestro país”, expresó Ramona.
Asimismo, indicó que la firma del decreto abre una nueva etapa de oportunidades, con expectativas puestas en la reactivación industrial y en la posibilidad de acceder a mercados más estables, con precios justos.
La representante de los productores también remarcó la necesidad de que el Estado continúe acompañando al sector mediante asistencia técnica, financiamiento y políticas que mejoren la productividad, especialmente para pequeños y medianos productores. Enfatizó que el objetivo no es obtener privilegios, sino condiciones equitativas que permitan sostener y hacer crecer la producción.
Finalmente, sostuvo que este paso representa un avance importante hacia un desarrollo más equilibrado, donde el crecimiento económico también alcance al campo. No obstante, recordó que aún quedan desafíos pendientes, como el tratamiento de la ley de caña de azúcar en el Congreso, considerada clave para consolidar el fortalecimiento integral del sector.
