En 1962, John Kennedy, con esa habitual destreza en
los momentos donde, su poder discursivo, tomaba el cariz
de la palabra hecha ideología patriótica
de una nación, dijo en el Congreso de los Estados
Unidos: "Ser consumidor, por definición
nos incluye a todos (…) Somos el grupo económico
más grande en el mercado, que afecta y es afectado
por casi todas las decisiones económicas públicas
y privadas... pero es el único grupo importante
cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados".
Esa
Carta de Derechos acaparaba una prerrogativa elemental
del ser humano, que se transparentaba sobre la sociedad
como una pura manifestación de la libertad. Recogía
este decreto "el derecho a la seguridad, a la información,
a la elección entre una variedad de productos
y servicios a precios competitivos y a ser escuchados
por el gobierno en la formulación de políticas
de consumo". Momentáneamente, se añadieron
otros derechos que comprendían "la reparación,
la educación del consumidor, la satisfacción
de las necesidades básicas y la preocupación
por un medio ambiente saludable y sustentable".
La
realidad de una nueva economía
Es
incuestionable que en una libre economía de mercado,
el individuo ha de poseer una formación sustancial
a la hora de ejercer sus derechos como consumidor. De
ahí que el establecimiento de unas pautas legislativas
que defiendan este concepto, sea un eslabón esencial
en la frágil cadena que compone la formación
de un estado desarrollado.
Aquella
definición honesta de la libertad que Kennedy
instauró en el seno de una sociedad avanzada,
recogía como punto de partida germinal el "derecho
a la educación del consumidor". Esto significaba
hacer hincapié en la formación de los
consumidores; el motivo que lo sustentaba era, simplemente,
el de no ser engañados. Para qué mayores
palabras cuando la economía mundial, esa constante
pugna de las sociedades aventajadas, avanzaba como un
monstruo de siete cabezas arrasando sistemáticamente
los cimientos de la moderación social.
Por
razones obvias, la historia de la economía mundial
ha sido el propio detonante de la creación de
los derechos humanos. Para solventar semejante caos
casi institucional, determinados líderes y expertos
en salud pública, auténticos gurus del
S. XX, tuvieron que instaurar novedosas realidades sociales
que solventaran, de algún modo, semejante cúmulo
de despropósitos afincados en un capitalismo
intempestivo y radical.
Al
consumidor, indefenso ante tal avalancha de intereses
mercantiles, no le quedaba otra opción que usar
la única arma que le permitiría enfrentarse
a este efecto contranatural de la economía: el
conocimiento necesario que lo formaba para iniciar "acciones"
legales -debidamente asesoradas y respaldadas por entidades
oficiales- contra aquellos elementos que perjudicaran
sus derechos no ya como consumidor, sino como ser humano.
La
economía imperante es una corriente abrupta de
propósitos mercantiles, a veces un auténtico
desbarajuste comercial de cambios y contrastes, que
en muchas ocasiones sólo confunden al comprador.
¿Quién no se ha sentido ofuscado, en alguna
ocasión, ante el laborioso plantel de precios,
ofertas, garantías, nulas reparaciones, defectos
del producto no reconocidos o supuestos beneficios a
largo plazo de las casas comerciales?
Esto
ratifica unas líneas extraídas de uno
de los numerosos documentos creados con motivo del día
15 de Marzo: aquí se recoge que es necesaria
la información y educación del consumidor
para que éste posea "un papel relevante
que le cabe en una economía de mercado: en el
proceso de compra para una mejor distinción entre
las necesidades reales y las ficticias creadas por la
sociedad de consumo desenfrenada. Por lo tanto, la realización
de un análisis permanente del papel del consumidor
con respecto a las relaciones de consumo es pues, un
proceso diario para el mejoramiento de la calidad de
vida del ciudadano".
La
creación de entidades que defienden los derechos
del consumidor, que informan y asesoran sobre los distintos
cauces que hacen valer sus intereses, ha sido un verdadero
hito histórico en el ascenso de una sociedad
civilizada. Su razón principal estriba en la
posibilidad de que el consumidor establezca sus compras
a partir de un criterio racional de lo que hace, que
sean "capaces de realizar elecciones informadas
y conscientes de sus derechos y responsabilidades".
La
educación del consumidor se estructura así
a partir de varios puntos que resumen la política
de compra que debe seguir el individuo, sobre todo el
sujeto que, socialmente, se encuentra en mayor desventaja:
"Conocer los derechos del consumidor; desarrollar
en sentido asociativo como medio para la defensa de
los intereses de los consumidores; aprender y adquirir
experiencia para gastar sus ingresos de la mejor y más
sensata manera; saber entender y hacer análisis
comparativos; comprender el funcionamiento del sistema
producción-consumo; conocer y desmitificar los
medios publicitarios".
Respeto
de los Derechos del Consumidor
Los
expertos en salud pública Jean Halloran y Michael
Hansen, en un informe emitido sobre los derechos del
consumidor, determinaban que "los alimentos no
son como cualquier producto de consumo. Diariamente
tenemos que ingerirlos para poder crecer y vivir, forman
parte fundamental de nuestra cultura y nuestras tradiciones,
y constituyen, por tanto, una preocupación muy
importante para nosotros. Es un derecho básico
de los consumidores saber con qué se están
alimentando, y qué tan seguro es lo que comen".
En la actualidad, algunas normas cardinales fomentan
el respeto de los Derechos del Consumidor y, asimismo,
este concepto sagrado de la alimentación en la
sociedad.
Hoy
día, el consumidor debidamente informado no concibe
el hecho de que los grandes intereses comerciales, le
impongan una regla concreta en la selección y
compra de los productos. Ese aspecto arcaico que la
economía quería expedir en el consumidor
a través de la publicidad, y que incluso actualmente
expresa una diferenciación paradójica
y absurdamente moral entre lo bueno y lo malo, es un
aspecto discordante con la seguridad alimenticia que
la persona ha logrado entender.
La
seguridad es, ante todo, un derecho asumido que incita
al ciudadano a intervenir libremente en el proceso de
selección, compra y acaso una posible reclamación,
en caso de alguna anomalía en el producto adquirido,
o en los cauces comerciales que envuelven el hecho en
sí de la compra.
El consumidor ha renegado del posible riesgo que podría
correr su salud, "sólo para que las corporaciones
puedan lanzar nuevos alimentos al mercado antes de que
los reguladores tengan tiempo de reaccionar". De
igual modo, incluso en aquellas casas comerciales donde
la seguridad en el tratamiento de los alimentos es de
una solidez exacerbada, no está totalmente asegurado
el control de la salud humana, puesto que los avances
tecnológicos todavía se hallan en constante
desarrollo.
Por
otro lado, la educación a la que antes se hacía
referencia, no es una garantía fidedigna de seguridad
alimenticia, sin embargo, impone en el consumidor una
conveniente filosofía selectiva de compra: "Una
información completa sobre el proceso de producción
permite a los consumidores más precavidos elegir
sus alimentos con mayor cuidado, y también hace
posible detectar posibles riesgos para la salud".
El
comprador deberá poner sumo cuidado en el etiquetado
de los alimentos. Pero esto no es suficiente. Además,
es importante para el consumidor el saber que en las
etiquetas, junto al origen del alimento, deben aparecer
las posibles modificaciones genéticas que el
producto hubiera sufrido. Esta indicación, igualmente,
se ha de acompañar por distintos medios, "como
letreros en los escaparates, folletos o líneas
telefónicas de información al consumidor
(…) No proporcionar esta información constituye
una práctica comercial engañosa y deshonesta.
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